Por Andrés Asiain *
En la mayor parte de las universidades del mundo se enseña que el tipo de cambio es un precio como cualquier otro, con la particularidad de ser el precio de la moneda de otra nación. Con esa fe en el mercado que caracteriza a los libros sagrados de la teoría económica anglosajona, se enseña que la mejor política para el Estado es no hacer nada y dejar que la oferta y demanda determinen su nivel. Pero esas teorías se apoyan en supuestos bastante rebuscados de dudosa validez para cualquier economía del mundo, y mucho más para la del mundo periférico donde habitamos los argentinos. Y la realidad es tozuda (incluso la nuestra) y termina imponiéndose, aunque sea a martillazos.
Al respecto, vale una anécdota que tiene como protagonista a un ferviente creyente en el libre mercado, Roberto Alemann. El ex ministro de Economía de Galtieri, que fuera expulsado de la universidad pública en 1973 por ser considerado representante del capital extranjero, continuó dando consejos técnicos durante la democracia. En 1989 propuso desregular el mercado cambiario y dejar que la mano invisible del mercado determine el valor de la divisa. El resultado lo conocemos todos: la explosión del dólar iniciando un proceso hiperinflacionario que se llevaría puesto al presidente de entonces, Raúl Alfonsín. La prueba parece haber sido lo suficientemente contundente como para que muchos liberales abandonen la peregrina idea de que es el mercado el que determine el valor del dólar. Pero como suele pasar con los recientemente convertidos se fueron al otro extremo y, plan de convertibilidad mediante, lo dejaron fijo por ley durante diez años.
Tras el fin del uno a uno, la estrategia cambiaria se guió más por intuición que por fundamentos teóricos. Viendo los destrozos generados por el retraso cambiario, un dólar alto se transformó en una política de Estado, pero con la suficiente flexibilidad como para gambetear los acontecimientos económicos del día a día. Sin embargo, un dólar caro significa alimentos caros en un país que produce alimentos para la exportación. Y un dólar caro significa petróleo caro en un país que, pese a sus bajas reservas petroleras, se transformó en exportador de combustibles tras la privatización de YPF. Es así que para evitar el alza de los alimentos, los combustibles y otros precios que dependen de éstos, se impusieron las retenciones a la exportación. El Estado intervino también regulando el precio de los servicios públicos y con otros acuerdos con productores y comercializadores de diversos rubros que permitieron mantener un tipo de cambio alto, a la vez que se recuperaba el poder adquisitivo de los trabajadores. Y el esquema funcionó, por lo menos durante unos años, cuando se registró un crecimiento económico récord que permitió reducir el desempleo en más de 10 puntos porcentuales.
El palazo vino por donde menos se esperaba y generó algunas fisuras en el esquema. No fue el deterioro de los términos de intercambio que atemorizaba a Raúl Prebisch sino, por el contrario, su mejora. El salto espectacular del precio de los granos y la soja que marcó los meses previos a la crisis internacional generó un alza del precio de los alimentos de todo el mundo. En Argentina el Gobierno intentó frenarlo mediante la imposición de las retenciones móviles, pero la resistencia de las patronales del campo logró sus objetivos, voto no positivo mediante. Y el efecto 125 no fue en ese momento el alza del precio de los alimentos, ya que con el estallido de la crisis cayó su precio internacional (para recuperarse últimamente y volver a la carga en las verdulerías y carnicerías del país). La fisura más grave que dejó la 125 es un poder político debilitado con el que la idea misma de pacto social se constituye en una utopía de difícil realización. Mucho más con un empresariado concentrado reacio a una negociación política de la distribución del ingreso cuando parece poder obtener una mayor tajada negociando aumentos de salarios por rama para luego trasladarlos a los precios.
Y esa falta de acuerdo distributivo alimenta la inflación, el tipo de cambio se atrasa y los empresarios presionan por un aumento en el precio del dólar que los proteja de las importaciones. Y si se los atiende y se aumenta el dólar, vuelve a aumentar la rentabilidad de la soja y con ella el precio de los alimentos. Y de vuelta suenan los bombos, y van a la carga los salarios. Y haciéndose los distraídos, silenciosos, como quien no tiene la culpa, los empresarios lo mandan a precio y estamos de nuevo donde era en un principio pero con una inflación todavía moderada. Y la solución no es sencilla, ni una cuestión supuestamente técnica del estilo “subí dos puntos la tasa de interés”. Requiere acuerdos sociales y políticas sectoriales que no entran en el último párrafo de un artículo de diario.
* Profesor de la UBA e investigador del Cemop-Fund. Madres de Plaza de Mayo.
